El teniente de alcalde de Bienestar Social, Francisco Lucena, ha comparecido esta mañana junto con la parlamentaria andaluza, Elena Cortés, para exigir a la Junta de Andalucía que se concierten plazas de atención a personas dependientes con la residencia San Juan de Dios de Montilla.
“En el Pleno de noviembre se pidió el concierto de plazas para personas dependientes en la residencia montillana. Hay que retraerse hasta 2011 cuando la entonces delegada provincial aseguró que se asignarían los recursos para conveniar el 80%, es decir 35, de las plazas de este centro”, indicó Lucena, quien añadió que Montilla es la única localidad de la provincia de Córdoba mayor de 20.000 habitantes que no tiene ninguna plaza ni pública ni concertada para atender a estas personas. “Además el alcalde escribió una carta a la anterior Consejera y a la delegada provincia, y seguimos sin respuesta”.
En este sentido recibió el apoyo de la parlamentaria andaluza, que indicó que en la próximo Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento Andaluz va a proponer una iniciativa para “corregir esta anomalía y que Montilla pueda tener el compromiso del Gobierno andaluz de que se van a concertar las plazas”.
En su comparecencia, Francisco Lucena indicó que la Junta de Andalucía debe al ayuntamiento de Montilla 21.367€ por la diferencia entre lo aportado por el consistorio montillano y el dinero recibido de la Junta por la prestación del Servicio de Atención Temprana. “El pasado mes de diciembre la Junta nos pidió la devolución de 47.685 € por la diferencia de horas dadas en el CAIT, cuando teníamos un acuerdo verbal con el jefe de servicio provincial en el que se indicaba que el coste del servicio para el Ayuntamiento era superior a la cantidad que íbamos a recibir, diciéndonos entonces que no se iba a reclamar esta cantidad”.
El responsable de Bienestar Social ha reconocido que se firmó para que el servicio que prestaba en Centro de Atención Temprana no se viera afectado “ya que queríamos que el mismo se siguiese prestando como servicio público, ya que de no aceptar hubiese pasado a manos del Junta de Andalucía que iba a pasar a manos privadas este servicio”.
“Como no estamos de acuerdo hemos solicitado un requerimiento previo de anulación de la resolución dictada señalando que el costo del servicio prestado ha sido de 142.776 euros, solo para personal, sin tener en cuenta otros gastos como luz, mantenimiento, limpieza o gestión administrativa. Por ello exigimos que nos devuelvan 21.267 € que es la cantidad que hay de diferencia con lo que ha pagado el Ayuntamiento”.